Xwank chaq jun li chihab' sa' li tenamit Watemaal b'arwi' xiw xiw chaq li wank, ma yalaq k'aru aaye, ma yalat elk chi q'eq chi b'ehek xb'aan naq wi tatextaw naru nakatexchap, ut maaq'et aawib' xtenq'ankileb' laj kookox ix. Li komon li xe'wank chaq sa' li chihab' a'an nake'naq sa' xch'ooleb' li rahilal, xb'aan naq xch'ike' chaq li xiw sa' xyu'ameb', chi xjunil li na'ab'imank sa' li ab'ib'aal esil jwal xiw xiw, rilb'aleb' laj kookox ix chi k'aak'alenk sa' b'e.
Sa' li chihab' 1982 xe'risi chi awa'b'ejil ma' Romeo Lucas García li b'arwi' xtikla chaq li rahilal, ut x-ok ma' Efrain Rios Montt, b'arwi' xnumta li rahilal sa' xb'eeneb' li tenamit.
Hubo una época en Guatemala en la que salir de noche podía terminar en una detención. Y en algunas comunidades del interior, negarse a colaborar con los militares podía convertir a una familia entera en sospechosa. Los guatemaltecos que vivieron aquellos años recuerdan los comunicados oficiales, las noticias por radio, los soldados en las calles y las restricciones que cambiaban la rutina de las familias.
Era 1982
El 23 de marzo, un golpe de Estado había derrocado al general Romeo Lucas García. Entre los militares que asumieron el poder estaba José Efraín Ríos Montt, quien posteriormente concentró el mando del Gobierno y del Ejército. Guatemala llevaba años viviendo un conflicto armado interno. Pero las medidas adoptadas durante aquel gobierno llevaron la militarización a nuevas dimensiones.
Ríos Montt aparecía ante los guatemaltecos por radio y televisión. Hablaba de disciplina, honestidad, religión, seguridad y de terminar con la guerrilla. Su gobierno ofrecía una nueva etapa para el país. Sin embargo, mientras esos mensajes llegaban a los hogares, el Ejército desarrollaba una extensa campaña contrainsurgente en distintas regiones.
Y el 1 de julio de 1982 entraron en vigor medidas que restringieron gravemente las libertades de la población.
El estado de sitio y los toques de queda
El Gobierno declaró el estado de sitio en todo el territorio nacional. Se ampliaron las facultades de las autoridades militares, se restringieron derechos y se impusieron controles sobre la circulación de personas y la información pública. En distintas etapas se aplicaron toques de queda.
A mediados de diciembre de 1982, por ejemplo, una disposición prohibía circular entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. La medida comprendía la capital, las cabeceras departamentales, otros poblados y los caminos. Las patrullas militares podían detener a quienes encontraran transitando durante las horas prohibidas. No importaba que alguien hubiera salido por una necesidad urgente: exponerse a la detención era un riesgo real. Pero el toque de queda era solamente una parte del sistema de control.
Los tribunales donde ni siquiera se conocía a los jueces
El mismo 1 de julio de 1982 se crearon los Tribunales de Fuero Especial. Estos tribunales podían juzgar a personas acusadas de determinados delitos contra la seguridad del Estado y otros delitos graves. Funcionaban bajo procedimientos extraordinarios y secretos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó que no se conocían públicamente las identidades de sus integrantes ni los lugares donde sesionaban. En su regulación inicial, las sentencias no podían apelarse. Y podían terminar en una condena a muerte.
Los archivos de la Policía Nacional documentan al menos quince personas fusiladas por sentencias de estos tribunales durante el régimen.
En septiembre de 1982 se realizaron las primeras ejecuciones y en marzo de 1983 hubo nuevos fusilamientos, incluso durante los días en que el papa Juan Pablo II realizaba su visita a Centroamérica.
Aquellos tribunales fueron eliminados después del derrocamiento de Ríos Montt.
«Fusiles y frijoles»: ¿Qué significaba realmente?
Este fue uno de los nombres más recordados de su gobierno. El programa combinaba dos elementos. Los frijoles: alimentos, asistencia y acciones destinadas a conseguir el apoyo de comunidades rurales. Los fusiles: presencia militar, vigilancia, organización de civiles y operaciones contra la insurgencia.
El Gobierno lo presentaba como una forma de proteger a la población y recuperar territorios donde operaban grupos guerrilleros, pero la realidad fue muy diferente de una comunidad a otra.
En algunas aldeas hubo vecinos que aceptaron colaborar con el Ejército por temor a la guerrilla o porque buscaban protección, en otras, los hombres fueron obligados a integrarse en patrullas civiles. Y negarse podía despertar sospechas.
Las Patrullas de Autodefensa Civil
Las llamadas PAC involucraron a miles de campesinos en tareas de vigilancia y apoyo a las operaciones militares. En numerosas comunidades, los hombres tenían que cumplir turnos de patrullaje. Eso significaba dejar sus labores agrícolas, pasar horas vigilando y responder ante las autoridades militares.
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico documentó casos de reclutamiento forzoso, amenazas, abusos y participación de patrulleros en graves violaciones de derechos humanos. También registró comunidades que buscaron evitar la confrontación armada.
En una de ellas, los vecinos propusieron organizarse con azadones en lugar de fusiles, para realizar trabajos comunitarios sin convertirse en un grupo armado. Ese testimonio revela hasta qué punto algunas poblaciones intentaban sobrevivir sin quedar atrapadas entre el Ejército y la guerrilla.
Cuando la sospecha alcanzó a aldeas enteras
Pero los hechos más graves de aquel período ocurrieron en comunidades rurales, especialmente en regiones mayas del occidente y norte del país. Las operaciones militares no se limitaron a enfrentamientos con combatientes guerrilleros. Las investigaciones históricas documentaron ataques contra población civil.
En numerosas comunidades hubo asesinatos, violencia sexual, viviendas incendiadas, destrucción de cosechas y desplazamientos forzados. En la región ixil de Quiché, familias enteras huyeron hacia las montañas. Algunas sobrevivieron durante meses buscando alimentos y evitando los patrullajes, otras fueron trasladadas a asentamientos bajo control militar.
Para muchas familias, la guerra significó perder su casa, sus siembras, sus animales y a las personas con quienes habían vivido toda su vida.
Plan de Sánchez, Rabinal, Baja Verapaz
El 18 de julio de 1982, fuerzas vinculadas al Ejército perpetraron una masacre contra población civil maya achí en Plan de Sánchez. La tragedia fue investigada posteriormente por la justicia interamericana.
Las Dos Erres, La Libertad, Petén
En diciembre de 1982, integrantes de fuerzas especiales del Ejército cometieron una masacre en el parcelamiento Las Dos Erres. Las investigaciones judiciales e históricas documentaron el asesinato de más de doscientas personas, incluidos niños y mujeres.
Nebaj, Chajul y San Juan Cotzal, Quiché
En la región ixil se desarrollaron operaciones militares que provocaron numerosas muertes de civiles y desplazamientos. Décadas después, sobrevivientes declararon ante tribunales guatemaltecos sobre lo ocurrido en sus comunidades.
No todos esos crímenes comenzaron con Ríos Montt: la campaña de tierra arrasada ya estaba en marcha durante el gobierno de Romeo Lucas García. Pero durante el régimen de Ríos Montt continuó y fue reorganizada mediante planes militares de alcance nacional.
Los documentos que quedaron
Años después se conocieron planes militares como Victoria 82 y documentos de la Operación Sofía. Esos archivos permitieron reconstruir operaciones, comunicaciones y responsabilidades dentro del Ejército.
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico concluyó que fuerzas estatales cometieron actos de genocidio contra grupos mayas durante determinados períodos del conflicto armado.
En 2013, un tribunal guatemalteco condenó a Ríos Montt por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad relacionados con la población ixil. La sentencia fue anulada posteriormente por razones procesales y el juicio continuó sin una nueva condena firme antes de su fallecimiento en 2018. La anulación de aquella sentencia no eliminó los testimonios de los sobrevivientes ni los documentos históricos que registraron lo sucedido.
Lo que quedó en la memoria de Guatemala
Ríos Montt fue derrocado el 8 de agosto de 1983. Su gobierno había durado aproximadamente diecisiete meses. Pero las consecuencias de aquel período no terminaron con el golpe de Estado. Quedaron familias desplazadas, comunidades destruidas, personas desaparecidas, sobrevivientes que durante años buscaron justicia. Y también recuerdos distintos entre quienes vivieron aquella época: algunos recuerdan los discursos de orden y seguridad; otros recuerdan los patrullajes obligatorios, las restricciones y la violencia que alcanzó sus comunidades.
Por eso la historia de aquellos años no puede contarse únicamente desde el Palacio Nacional. También está en las calles donde hubo toques de queda. En las aldeas donde se organizaron patrullas civiles. En los caminos por los que huyeron familias enteras. Y en los pueblos donde todavía se recuerda a quienes nunca regresaron.
¿Viviste en Guatemala durante el gobierno de Ríos Montt, entre 1982 y 1983? (Fuente: Ecos de la Oscuridad)
