Sa' xyanq li chihab' 1978 ut 1982 xwank chaq li rahilal sa' xb'eeneb' li junkab'al, xiwak, xk'a'uxlak ut maak'a' chaq li ch'utub'aj ib'. Eb' li na'b'ej yuwa'b'ej nakexq'us li rahal re naq ink'a' te'aatinaq, ut ink'a' texwech' rix li esilal li nake'ril. Li xiw a'an chaq xcha'al li wulaj wulaj.
Hubo una época en Guatemala en la que muchas familias tenían una regla que hoy cuesta imaginar:
No hablar de política delante de desconocidos. Los padres aconsejaban prudencia a sus hijos. Había quienes evitaban comentar las noticias en el trabajo, en la universidad o incluso en el transporte público.
Se convirtió en parte de la vida cotidiana.
El 1 de julio de 1978, el general Fernando Romeo Lucas García asumió la Presidencia de Guatemala.
El país ya llevaba casi dos décadas de conflicto armado interno. Había enfrentamientos entre el Estado y las organizaciones guerrilleras, profundas desigualdades sociales y una creciente tensión política. Pero durante los siguientes años, la violencia se intensificó de una manera que marcaría a generaciones.
En la capital, estudiantes universitarios, sindicalistas, periodistas, dirigentes políticos y personas vinculadas a organizaciones sociales fueron víctimas de amenazas, asesinatos y desapariciones.
El 20 de octubre de 1978 fue asesinado Oliverio Castañeda de León, dirigente de la Asociación de Estudiantes Universitarios. En 1979 fueron asesinados dos conocidos dirigentes políticos: Alberto Fuentes Mohr y Manuel Colom Argueta.
Sus muertes dejaron un mensaje inquietante en la sociedad guatemalteca: incluso las figuras públicas podían ser atacadas. Pero mientras estos hechos estremecían a la capital, en el interior del país se desarrollaba una tragedia todavía más extensa.
Hubo aldeas atacadas, familias asesinadas, viviendas incendiadas y cosechas destruidas.
Miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares. Algunas huyeron hacia las montañas, otras cruzaron las fronteras y muchas nunca volvieron a encontrar a sus familiares.
Los informes históricos posteriores documentaron masacres, desapariciones forzadas, torturas y otras graves violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas estatales durante aquellos años.
También documentaron crímenes cometidos por organizaciones guerrilleras. Pero la responsabilidad de las fuerzas del Estado en la violencia contra la población civil fue considerablemente mayor.
Lo más doloroso es que las consecuencias no terminaron cuando cesaron los disparos. Quedaron niños que crecieron sin sus padres. Madres que nunca supieron dónde estaban sus hijos. Comunidades que perdieron sus casas, sus tierras y parte de su historia.
Su gobierno terminó.
El 23 de marzo de 1982, Romeo Lucas García fue derrocado mediante un golpe de Estado. Pero la guerra continuó, y algunos de sus episodios más devastadores todavía estaban por ocurrir.
Décadas después, Guatemala sigue viviendo con las consecuencias de aquellos años. Hay familias que conservaron fotografías de personas desaparecidas. Hay comunidades que todavía recuerdan los nombres de quienes murieron. Y hay guatemaltecos que, incluso hoy, prefieren guardar silencio cuando se habla de aquella época.
Porque lo más oscuro del gobierno de Romeo Lucas García no fue solamente la violencia que ocurrió mientras estuvo en el poder. Fue el miedo, la pérdida y las heridas que quedaron en miles de hogares guatemaltecos. (Fuente: Ecos de la Oscuridad)
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