2 dic. 2016

LI MUXUK K’ULUB’EJ UT LI INK’A’ USIL K’A’UXL A’AN LI NAJACHOK QE…

Sa’ li esil a’in naxch’olob’ chank ru naq eb’ li b’ihom malaj eb’ li poyanam li k’aynaqeb’ xjolominkil li tenamit jo’ chank ru nake’raj, ink’a’ nake’raj naq li chaab’il na’aleb’ taa’elq chi uub’ej, jo’ li raqok aatin nake’xb’aanu laj Ralch’och’. 

Nake’xsik’ chank ru naq ink’a’ sa’ ilb’ilaq li na’leb’ a’in re naq chi kama’an li komon texye naq ink’a’ us. Jo’ jun li rahilal xk’ul laj Antonio Tec Caal aran sa’ xteepal Kob’an, b’arwi’ eb’ laj xokol esil li wankeb’ rub’el xtaql li b’ihom xe’raj raj xtz’ajninkil ru li k’a’uxl malaj li raqok aatin nab’aanumank sa’ qayankil laa’o laj mayab’. 

Ab’an li rahilal li xk’ul li poyanam a’in muku a’an ta li raqok aatin nakexb’aanu laj Ralch’och’, jalaneb’ b’an li komon xe’b’aanunk re. (Chohekuyaq, li esil sa' kaxlan aatin wank)

No nos dividen las propuestas, es el racismo y la mala fe… 
(Fuente: https://nomada.gt/)

(Foto internet)
El domingo pasado se viralizó una imagen de un crimen en Cobán acompañada de una crítica a la ‘justicia indígena’, pero no se trataba de derecho indígena sino de un boicot a las reformas que pretenden reconocerlo en la Constitución. Lo que parece ser una batalla por cuestiones legales, no es más que una muestra de una sociedad dividida, en parte, por el racismo. La mayoría de los diputados demostraron eso y más a los representantes de los 48 Cantones, a la Fiscal General, al comisionado contra la Impunidad y al Procurador de los Derechos Humanos, entre otros. Con un ejemplo tergiversado pretendieron desacreditar la inclusión del derecho indígena y frenaron las reformas para fortalecer la justicia. 

Durante la tarde del domingo 27 de noviembre, el procurador de Derechos Humanos, Jorge De León Duque, intentó usar sus redes sociales para desmentir una noticia viral en internet producida por el sitio RepúblicaGT y movida por el sitio (desconocido) CRNNoticias. El PDH buscaba explicar un caso de desinformación que se vinculó a la propuesta de incluir el pluralismo jurídico en el país.  

“Autoridades indígenas casi matan a defensor de Semuc Champey” y “Autoridades ancestrales amarran y machetean a líder comunitario” fueron los titulares. Pero no eran autoridades indígenas ni ancestrales las que cometieron el crimen. Sin embargo, quienes agredieron a Antonio Tec Caal fueron otras personas. El trabajador de Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) explicó a la auxiliatura departamental del PDH, su relación con la entidad y su trabajo como ‘defensor del Parque Natural’. Y aseguró que esta fue la razón por la que le agredieron. 

Lo ocurrido con Arnoldo Caal fue el producto de una disputa por el control del Parque Semuc Champey y del dinero que se recibe de los visitantes. Como explicó Nómada en un reportaje de agosto, el control de la Reserva Natural desencadenó disturbios entre los grupos que rodean el lugar, desalojos por parte de las autoridades y descontento en la zona. 

La noticia falsa o “interpretada erróneamente” no salió en un día cualquiera. Fue justamente un día antes de la discusión definitiva de 2016 sobre las reformas constitucionales en el Congreso. De hecho, el diputado de Alta Verapaz, Carlos Chavarría, electo por Líder y ahora en la bancada Creo, inició el debate parlamentario citando la noticia falsa sobre el pluralismo jurídico. Podría ser “una herramienta mal utilizada” por parte de los integrantes de los pueblos indígenas en ese departamento. 

Nómada conversó, durante la plenaria, con el PDH, Jorge de León, sobre estos temas. 

– ¿Qué pasó con Arnoldo Tec Caal en Alta Verapaz? 

– Tec Caal salió de una reunión el sábado, tipo 9 o 10 de la noche, cuando fue interceptado por un grupo de personas. Dos de ellas, dijo, le reclamaron por su supuesta participación en el desalojo que hubo con el parque Semuc Champey. Se pelearon y ocurrió este hecho criminal en su contra. Al parecer, quedó lastimado y fue hasta el día siguiente cuando pudo pedir auxilio a sus familiares que lo llevaron a un hospital. En ese momento, presentó la denuncia ante el PDH. Nos apersonamos al hospital y pedimos medidas de seguridad para él y su familia. El domingo 27, ante toda la confusión que existía, le preguntamos literalmente si esto había sido un procedimiento de justicia indígena y dijo: “No. Esto es una venganza por mi accionar en relación al tema del parque Semuc Champey”. 

– ¿Quiénes lo agredieron eran líderes ancestrales indígenas? 

– Tec Caal identificó a dos de los agresores que son algunos de los líderes de ese movimiento que había tenido la administración de manera ilegal del parque. Él nunca dijo líderes ancestrales, dijo “líderes de ese movimiento”, con el que había un problema. Esto quizás causó la confusión. 

–¿Por qué se hace la diferencia entre crimen y justicia indígena? 

–Porque algunas personas lo estaban manejando de manera malintencionada y racista. Decían que era justicia indígena porque, casualmente, era el tema que se discutiría el lunes en el Congreso. Quisieron generar caos, temor y miedo. Hubo una combinación de desconocimiento y mala fe. 

–¿Qué se necesita para que se califique como justicia indígena? 

–Primero, estar dentro del entorno. Luego, conocer las costumbres y tradiciones. Así como el juez de justicia ordinaria guatemalteca conoce el derecho, las autoridades ancestrales conocen sus leyes, para eso están y han estado por miles de años. Existen convenios de cooperación entre el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y las Autoridades Ancestrales. Cuando se trata de la comisión de un hecho delictivo contra el patrimonio, como un robo, lo conocen las Autoridades Ancestrales. Si fuera un delito contra la vida, ellos inmediatamente coordinan con el MP, y les dicen: “hubo un asesinato, vengan”. Y ese apoyo funciona perfectamente. 

–¿Cómo pueden reaccionar las autoridades e instituciones para evitar linchamientos y violencia?

–En la justicia indígena no se procede con esa serie de acciones. No se ataca con machete a una persona, hasta casi asesinarla. Lo que hay es coordinación interinstitucional, como en los 48 Cantones: Quiché, Sololá y Totonicapán, por mencionar algunos ejemplos. Ahí hay acuerdos firmados entre el MP, la CSJ y las Autoridades Ancestrales indígenas. Con las reformas, no va a cambiar nada de lo que hoy estamos viviendo (sólo va a reconocerse legalmente para descongestionar el sistema de justicia). Si alguien comete un ilícito se le va a juzgar y a condenar como a cualquiera. Y ellos (en las comunidades indígenas) seguirán con sus procedimientos para resolver controversias, como lo han hecho históricamente, que son incluso anteriores a nuestra justicia. 

– Lo sucedido a Tec Caal se prestó a desinformación, ¿pudo determinar dónde se originó este error?

–No sé de dónde se pudo haber originado. Pero sí vimos en las redes sociales que muchas personas le daban retweet o comentaban: ‘qué barbaridad’, cuando ellos mismos sabían que eso no era justicia indígena. Esto es mala fe, y eso es lo que contribuye a la división de los guatemaltecos. Lo que nos divide no es una propuesta de reforma sino la injusticia, la inequidad, la discriminación y el racismo, eso sí nos tiene divididos. Y por supuesto, el hambre y la miseria de la quienes han tratado de sobrevivir durante muchos años. 

–Para evitar que esto se repita, ¿cómo explicar a los ciudadanos estos conceptos? 

–Esa es una de las tareas que tendremos. Primero esperamos que se apruebe. Y luego tendremos una tarea ardua, indudablemente, de dar a conocer qué es la justicia indígena para que no haya malas interpretaciones, ni manipulaciones a un tema del que existe mucho desconocimiento. Debemos ser muy inteligentes, astutos y prácticos con la población para informar que lo hecho fue fortalecer la justicia. Y en el tema de la justicia indígena, solo se dejó en el rango constitucional una realidad con la que hemos convivido históricamente.

***

La discusión de incluir el derecho indígena dentro de la Constitución es en el marco de una propuesta de reformas constitucionales —que tiene que ser ratificada por referéndum— para luchar contra la impunidad. Pretende reformar la forma en la que se eligen los jueces más importantes del país y ha recibido el rechazo de una serie de grupos de poder conservador, desde la patronal que se opone al derecho indígena hasta la USAC que se opone a que se eliminen las comisiones de postulación en la que tienen derecho a elegir jueces. 

La alianza de FCN-Líder-PP logró evitar que el Congreso lograra 105 votos para convocar a un referendum. Cohesionó a diputados alrededor de impedir que se les retire el derecho a inmunidad (antejuicio). No obstante, la discusión se retomará en enero de 2017 en el Congreso y todas las propuestas pueden volver a ser discutidas y votadas.

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